OSAKIDETZA: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL; RESPONSABILIDAD EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD; RESPONSABILIDAD CON LA CIUDADANIA VASCA

Hace ya unas semanas realizaba algunos comentarios sobre LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL de  Osakidetza, argumentaba a favor de que las reclamaciones de los usuarios sirvan para mejorar la calidad de nuestros servicios y estén directamente asociadas a la estrategia de seguridad del paciente.

Siguiendo esta temática, me pregunto qué ocurre “al otro lado de la barrera”,  qué ocurre en el lado del paciente o sus allegados cuando se sienten afectados por un posible  error médico o por un funcionamiento anormal  del sistema sanitario. Qué pueden hacer cuando tienen duda que la administración sanitaria haya puesto todos los medios a su alcance en el tratamiento de una patología, o cuando creen que la actuación de los profesionales de Osakidetza no ha sido del todo  ajustada al estado del arte  y a la buena práctica, o cuando piensan que a causa de una actuación incorrecta están soportando unos daños que no deberían soportar.

Con el fin de conocer de primera mano qué hace, cómo  se siente, qué barreras encuentra una persona que decide iniciar un reclamación por una actuación médica que no considera adecuada, he recordado que un amigo ha pasado recientemente por ese proceso y directamente le he preguntado por su experiencia.

Me dice mi amigo:

Que todo comienza con las dudas que surgen ante un tratamiento de una enfermedad grave. Inicialmente confiaron en el mero trámite administrativo de la reclamación de información, como un buen camino para aclarar las dudas en un sentido o en otro, pero esta confianza duró escasamente unos meses… tiempo suficiente para darse cuenta de que su petición de acceder a los datos de la historia clínica y conocer con detalle cuál había sido la asistencia prestada, se demoraba y precisó de un par de solicitudes insistiendo en que lo que se quería ver, leer y analizar era la historia clínica completa del paciente y no algunos documentos elegidos al azar por quienquiera que decidió responder inicialmente a la petición.

Aclara mi amigo:

Que a partir de ese momento llega la certeza de que el procedimiento que se instaura  es un lugar de batalla en el que no valen argumentos objetivos. Que a lo largo de todo el largo proceso (sólo la parte administrativa ha durado cerca de tres años…) no ha percibido que haya lugar para la reflexión compartida, para el acuerdo, para el reconocimiento de los errores o la aclaración de los aciertos. En el momento en que Osakidetza intuye que puede existir una demanda por parte de un paciente, sólo se percibe un interés: retrasar el procedimiento,  agotar todos los plazos para ganar por cansancio del oponente o terminar en el juzgado. El afectado se convierte como por arte de magia en el enemigo, al que por definición hay que negarle el pan y la sal, todo lo que él mismo o sus allegados expresen debe ser puesto en duda de la misma manera que todo lo que lo expresado por los profesionales de la casa se convierte en evidencia científica de máxima calidad.

El segundo escollo que ha percibido mi amigo es la distancia emocional de un procedimiento administrativo. El paciente y los familiares buscan, sin encontrar, comprensión y cercanía, buscan, por ejemplo, un análisis conjunto con expertos que puedan hacerles llegar a la convicción de que los acontecimientos transcurrieron por un camino razonado y razonable según el estado del conocimiento médico… o no, en cuyo caso buscan no sólo una indemnización económica por los daños causados sino también el reconocimiento de una actuación incorrecta y la certeza de que el sistema va a poner en marcha las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir.

La tercera barrera percibida es la actitud de defensa y negación durante todo el procedimiento por parte de la administración. No hay lugar para las explicaciones, la compresión, la mejora del conocimiento, la búsqueda de la calidad, sólo queda la opción de la demanda judicial, un proceso en el que, aunque pierdan, siempre ganan los mismos: los letrados y los procuradores. El contraste de opiniones, la relación con los afectados, la atención de forma cercana (presencial) a sus argumentos y cuestiones se proscribe como si fueran a contaminar de forma irremediable las opiniones o los argumentos propios. Cuando se revisan los informes argumentos y resoluciones del procedimiento administrativo, la sensación es que  la propia administración no hace sino repetir argumentos defensivos no del todo claros o incluso erróneos como si una información equivocada repetida mil veces la convirtiera en verdadera. Como si la mera repetición de argumentos sin ninguna o escasa análisis crítico los convirtiera en dogma.

 

Y a partir de aquí, la vía judicial es la cuarta dificultad,  una vía en la que los afectados, buscando explicaciones, pueden encontrar costes imposibles de afrontar. No solo resulta una pérdida de oportunidad para que la administración sanitaria aprenda de una experiencia  o de sus errores si es que se han producido, resulta socialmente triste y empobrecedor que el resultado de una posible mala actuación quede reducido a la capacidad económica de los afectados. Apunta mi amigo, que da la impresión de que alguien en la administración piensa “que se atreva a ir al juzgado si puede…” claro, la defensa jurídica de Osakidetza está pagada por todos.

 

En definitiva, un proceso que debe estar guiado por la búsqueda de la verdad, por el estudio, el análisis y la reflexión, por la claridad, la transparencia y la empatía…..termina siendo una lucha tácita porque el otro no tenga razón, una cuestión de disponibilidad económica independientemente de lo que haya ocurrido, un caminar oscuro e incierto por un proceso administrativo casi siempre en la misma dirección.

Ya casi al final de la conversación con mi amigo le pregunto sobre cómo cree que se podría mejorar todo el proceso, me dice que tal vez un planteamiento más conciliador, menos resistente, menos defensivo, más facilitador, más didáctico con respecto a lo ocurrido, tendría como resultado beneficios tanto para la organización, el usuario e incluso los propios profesionales implicados. Tal vez la existencia de un mecanismo o comisión de conciliación como parte del propio procedimiento administrativo, en el que ambas partes puedan obtener una opinión de expertos que permita aclarar lo ocurrido sin género de dudas evitaría la judicialización de procedimientos.

Osakidetza en su tramitación interna  debe de buscar la verdad más allá de toda duda  y  trasladársela de una manera comprensible  al ciudadano   con todas sus consecuencias. Si el convencimiento final es que  la actuación del Sistema Sanitario Público  no ha sido correcta deberá  procurar una indemnización acorde al daño sufrido, sin mercadeos y sin negociación. Si la actuación ha sido la correcta, se le hará saber  al ciudadano que en caso de desacuerdo  le  espera una defensa jurídica del caso porque  la Administracion Sanitaria defiende el interés de toda la sociedad.

Como decía en mi post anterior, creo que Osakidetza debe reorientar sus actuaciones en el campo de la RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  haciendo algo más que defenderse de los ciudadanos que reclaman.